Vergüenza
Uno ya está más que acostumbrado a presenciar las tropelías con las que demasiado a menudo nos “obsequia” la clase política, pero hay veces que la gota colma el vaso, como la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por la inefable Isabel Díaz Ayuso, de privatizar el plan de vacunación contra la COVID-19. Ya considero bastante nefasto privatizar los servicios públicos, pero hacer tal cosa con la campaña de vacunación frente a una pandemia mundial se me antoja propio de villanos de cómic, por no definirlo en términos más fuertes.
Francamente, da la sensación de que la única intención de estos personajes, más que gestionar un territorio, mirar por su prosperidad y preocuparse de que sus habitantes desenvuelvan sus vidas en las mejores condiciones posibles, es ver cómo se puede aprovechar cada situación que se presenta y quién puede hacerlo. Y da esa sensación porque hasta la fecha en bastantes ocasiones su manera de actuar ha seguido el mismo esquema: echar balones fuera, hacer lo posible para que el servicio público afectado no funcione en condiciones, privatizarlo y volver a echar balones fuera. Este esquema lo ha sufrido la sanidad pública madrileña a lo largo de la última década, pero tampoco necesitamos irnos tan lejos, pues durante la pandemia ya lo hemos visto varias veces: con los comedores escolares, con los rastreadores y con el almacenamiento de las vacunas. Y ahora lo han aplicado también en la administración de las mismas a la ciudadanía. Supongo que recordarán a Isabel Díaz Ayuso protestando y pidiendo para Madrid más vacunas de las que le corresponden, todo para que después la nuestra resultara una de las comunidades con más bajo ritmo de vacunación: a once días del inicio de la campaña, solo había puesto el 11,5% de las asignadas. Excusa “perfecta” para abrir la puerta al sector privado, en concreto mediante la concesión “a dedo” de un contrato de seis meses a Cruz Roja por 804.098 euros para prestar un “servicio de apoyo a la vacunación” de la COVID-19. Sí, Cruz Roja: la misma entidad a la que en su momento también se traspasara, equipo incluido, la donación de sangre en calle.
De creer el mensaje que se emite desde la Comunidad, podríamos pensar que se está poniendo toda la carne en el asador contra la pandemia, “con todos los medios disponibles, públicos y privados”… Pero lo cierto es que el medio principal en un caso como éste, la sanidad pública, no se está utilizando como debiera. Y lo sabemos porque cada vez más trabajadores de las distintas profesiones y centros de la sanidad pública están alzando sus voces en las redes sociales y contactando con los medios de comunicación para denunciar que no es cierto lo que se está contando, que ellos están perfectamente preparados para vacunar a quien haga falta y dispuestos a doblar turno y echar las horas que sean necesarias, pero lo que no les llegan son las órdenes de la Comunidad de Madrid. Así que viendo esto y sin hacer conjeturas de a quién beneficia, lo que a un servidor le queda claro es que ante la posible salida de una pandemia mundial que lleva miles y miles de víctimas en nuestro país, el Gobierno regional ha preferido poner el tema en manos privadas para que alguien obtenga beneficio en lugar de comenzar a vacunar al mayor número de personas posible lo antes posible. Y eso, por no decir otras cosas mucho más gruesas que me rondan la mente, es una vergüenza.