Bustinduy multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA, que insta a sus inquilinos a reclamar el dinero
FACUA, 9 de abril de 2026
La inmobiliaria ha cometido seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el ministro Pablo Bustinduy a Alquiler Seguro como consecuencia de la investigación iniciada por Consumo tras la denuncia que presentó en noviembre de 2023. La asociación insta a los inquilinos a reclamar a la empresa la devolución de las cantidades que se han visto obligadas a abonar como consecuencia de prácticas ilegales sancionadas por el ministerio.
El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, señala que «los inquilinos víctimas de las ilegalidades de Alquiler Seguro tienen que saber que pueden reclamar el reembolso de todo el dinero pagado por servicios que la empresa les impusiese como condición para acceder al alquiler de las viviendas». Asimismo, lamenta que «las autoridades de consumo de las comunidades autónomas no están llevando a cabo actuaciones similares a las del Ministerio de Consumo contra inmobiliarias que solo ellas pueden multar al operar únicamente en una comunidad, lo que está provocando que numerosas empresas del sector se salten la ley con impunidad cobrando honorarios a inquilinos».
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado.
El expediente se puso en marcha en marzo de 2025 después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de FACUA, a la que después se sumaron las de otras organizaciones. El ministerio tiene abierta otro a una segunda inmobiliaria que opera a nivel nacional por hechos similares, cuya investigación sigue tramitándose.
Firme en vía administrativa
La resolución sancionadora deviene firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Bustinduy haya resuelto el recurso de alzada interpuesto ante él.
La sanción de Consumo ratificada por el ministro establece que Alquiler Seguro ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves: Imposición al arrendatario la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, imposición al inquilino de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora y la imposición al arrendatario de cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario.
También la imposición al inquilino de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas, la introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles, y la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.
La Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Así mismo, se indica que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido.
Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de 1 millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
La resolución implica, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica. Por un lado, obliga a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas. También se le obliga a hacer pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídica responsable (Alquiler Seguro SAU) y la índole y naturaleza de la infracción.
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