Las terrazas y la ordenanza enemiga del descanso
En los próximos días, el Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar la nueva redacción de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. Un texto que, al leerlo con detenimiento, revela mucho no solo sobre lo que regula, sino también sobre la mentalidad de quienes “ordenan”.
El objetivo declarado parece claro: regular un fenómeno que se ha convertido en símbolo de la vida urbana madrileña. Pero la norma, en su planteamiento, deja la sensación de simplificar la existencia ciudadana a una actividad meramente comercial: el ocio, el consumo y la caña, porque alguien supone que ése es el sentido de la vida de los vecinos de Madrid. Para los políticos, las terrazas son infraestructuras básicas del espacio público, donde lo primordial es contabilizar metros cuadrados de acera, horario de negocio y mobiliario. Nada más.
El ruido que no aparece en la ordenanza
Sin embargo, al margen de mesas y sillas, las terrazas generan dinámicas sociales que apenas aparecen en la normativa. Allí están los trabajadores, repartidores, clientes que conversan, vecinos que viven junto al establecimiento o simples transeúntes que caminan por la acera. La norma invoca hasta 22 veces el concepto de “accesibilidad universal”, pero su articulado no aterriza en cómo garantizarla realmente.
El gran ausente es, sobre todo, el ruido. La experiencia vecinal refleja la magnitud del problema: una conversación normal ya oscila entre 50 y 60 decibelios; una mesa animada de cuatro personas puede acercarse a los 80 dB, una risa fuerte roza los 100 dB y una celebración incluso supera los 110 dB. Basta recordar que muchas viviendas en Madrid están situadas a escasos cuatro o cinco metros de estas terrazas.
Con estas cifras sobre la mesa, el anunciado “descanso vecinal” se convierte en una quimera, ya que el borrador permite la actividad hasta la medianoche y en festivos hasta la una de la madrugada, pese a que la propia normativa municipal que regula el ruido prohíbe superar los 40 dB a partir de las 23 horas. Una contradicción evidente.
Resulta llamativo además que la ordenanza de protección acústica prohíba expresamente, en su artículo 45, las concentraciones nocturnas de grupos de personas en la vía pública por ser molestas… salvo cuando se trate de terrazas con permiso municipal. Como si el ruido dejara de ser molesto al contar con autorización administrativa. Paradojas similares afloran en el día a día: mientras los semáforos con señales acústicas diseñados para ayudar a personas ciegas se apagan a las diez de la noche para no perturbar el descanso vecinal, las terrazas ubicadas junto a ellos continúan generando sonido hasta la una de la madrugada. La incongruencia es difícil de ignorar.
Otro aspecto conflictivo reside en el mobiliario. Sillas, carteles, macetas o mesas auxiliares, colocados en la línea de fachada, pueden transformarse en obstáculos peligrosos para personas con movilidad reducida o problemas de visión. Sin embargo, la normativa solo contempla sancionar la incorrecta ubicación, sin exigir la retirada inmediata. Todo queda en manos de expedientes administrativos que, en muchos casos, se alargan durante años.
Entre la convivencia y el negocio
En definitiva, la futura normativa se centra en regular el comercio y deja al margen la verdadera dimensión del conflicto: la convivencia ciudadana. El Ayuntamiento, al conceder permisos, parece dar por hecho que las molestias desaparecen. Entretanto, la responsabilidad de denunciar comportamientos incívicos recae sobre los vecinos, que se convierten en jueces de su propio malestar.
Madrid seguirá disfrutando de sus terrazas, pero el debate está en si podrá hacerlo sin robar espacio al descanso y a la accesibilidad de quienes simplemente habitan en la ciudad.