Luces de epidemia
El tema del precio (ominosamente elevado) de la electricidad ya ha sido tratado en este espacio en otras ocasiones, alguna de ellas reciente. Pero continúa siendo uno de los problemas más serios que afectan a nuestra sociedad, así que creo que tiene todo el sentido recordarlo, sobre todo cuando de un tiempo a esta parte venimos asistiendo mes a mes a una sucesión de récords que no hemos visto en competición deportiva alguna. Ello sin olvidar que tales subidas no afectan solo a nuestra factura eléctrica, sino también al resto de bienes y servicios que consumimos y utilizamos.
Es lógico, por lo tanto, que el hartazgo de la población ya sea bastante grande. Así, el pasado 28 de octubre, un listado extenso de organizaciones sociales, vecinales y de consumidores convocó una manifestación en Madrid, a la que seguro seguirán bastantes más, y han difundido un manifiesto dirigido al Gobierno exigiéndole reformas reales para garantizar a la ciudadanía cinco puntos que paso a comentar.
El primero de ellos es que no haya cortes de suministros básicos. En este sentido, piden al Ejecutivo que cumpla “con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación”.
En segundo lugar, el documento reclama tarifas justas para toda la población, entendiendo que “el acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada”. Para garantizar unas condiciones de vida digna en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible, entendiendo además que la tarifa debería ser progresiva al nivel de ingresos y adaptada a las realidades y necesidades particulares.
Pero el problema no es solo el precio de la electricidad, pues cada vez está más claro que vivimos una emergencia climática y un agotamiento de determinadas fuentes de energía. Por ello también resulta muy importante (y es el tercer punto del manifiesto) fomentar y apoyar la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, para que ningún hogar malgaste energía y dinero.
El presente sistema de fijación de precios es otra cosa que habría que cambiar sí o sí, por injusto e ilógico desde todos los puntos de vista excepto el del lucro. Por ello las organizaciones firmantes exigen “avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, gestionado por entidades a disposición del bien común”. Esto es, “un sistema eléctrico democrático, ciudadano y ambientalmente justo”.
Finalmente, si queremos afrontar en términos realistas la actual crisis de escasez de recursos fósiles, factor importante en la escalada de precios, “es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable”.
Es importante comprender que estos cinco puntos son mínimos a garantizar. Por supuesto, son necesarios muchos más cambios, en esto y en todo, para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, pero lo expuesto sería un buen principio en el camino para lograrlo. Porque la epidemia a la que me refiero en el título no es la de COVID, que felizmente ya va remitiendo, sino una mucho más antigua: la de la avaricia. Y también deberíamos acabar con ella, por nuestra supervivencia.