La Justicia rechaza el intento de Alquiler Seguro de censurar información
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar que Alquiler Seguro había solicitado para que el Ministerio de Consumo declarase confidencial parte de la documentación que aportó en el marco del expediente que tenía abierto por prácticas abusivas con los inquilinos. Un expediente sancionador, con una posterior propuesta de multa de 3,6 millones de euros, que se inició como consecuencia de las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción por el cobro de honorarios a los arrendatarios y otras irregularidades detectadas por el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
El propio presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, había indicado en una entrevista a El Mundo que habían presentado una “demanda por violación de la confidencialidad” contra Consumo, al que acusaba de haber filtrado el expediente, y tras haber pedido al Ministerio que suspendiera una resolución de agosto en la que aceptó la confidencialidad parcial de solo algunos documentos.
Ahora, en un auto fechado el 21 de octubre y al que ha tenido acceso Público, el TSJM deniega igualmente suspender dicha resolución al considerar que Alquiler Seguro no ha probado qué clase de “perjuicios concretos irreparables” le acarrearía la no confidencialidad de la información.
Cabe destacar que tanto la petición de suspensión de agosto como el auto del mes pasado son anteriores a que se hiciera pública la propuesta de sanción de Consumo, por lo que la medida cautelar no está relacionada con la supuesta “filtración” denunciada por Carroza.
Así, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM señala que no basta con que la inmobiliaria haga una “afirmación genérica apodíctica e injustificada” de que, si la resolución no se suspende, la empresa sufriría “daños de imposible reparación”.
La apertura del expediente sancionador por parte del Ministerio de Consumo tiene su origen en la denuncia que FACUA presentó en noviembre de 2023. Al considerarse parte interesada en el procedimiento, esto le dio el derecho de acceso a la información que contenía el expediente, incluidos los intercambios entre Consumo y la empresa, así como a la realización de alegaciones.
Precisamente este acceso es el que Alquiler Seguro ha intentado impedir durante todo el procedimiento, primero con alegaciones y un recurso de alzada administrativo y posteriormente en tribunales, sin éxito.