Cubrición de un tramo de la calle 30: participación y accesibilidad
Crónicas de la losa (XII)
La cubrición de un tramo de la M-30 a la altura del puente de Ventas se vende como una gran transformación urbana al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, un análisis en profundidad del proyecto constructivo (Expediente 132/2024/00204) revela importantes carencias que ponen en cuestión su verdadero carácter social. La más evidente: la ausencia total de participación ciudadana.
Ni asociaciones vecinales, ni colectivos de mayores, ni entidades ecologistas o sociales del Distrito han formado parte de la definición de los objetivos. Una vez más, se repite el patrón de grandes proyectos diseñados desde arriba, sin contar con quienes van a vivir y usar ese espacio. El resultado, previsiblemente, será el de siempre: un espacio “casi bueno”, pero desconectado de la realidad cotidiana del barrio.
El volumen del proyecto no es menor: cerca de 3.000 páginas de documentación técnica (851 MB en formato digital), de difícil acceso e interpretación para la ciudadanía. Un hecho que, lejos de fomentar la transparencia, actúa como barrera. Para comprenderlo ha sido necesario recurrir a especialistas, lo que evidencia que la participación no solo no se ha promovido, sino que tampoco se ha facilitado.
Desde el punto de vista ambiental, el discurso oficial resulta, como mínimo, contradictorio. Se promete mejorar la calidad del aire mediante la plantación de vegetación, pero se omite el impacto de la propia obra: más de 125.000 toneladas de hormigón (52.000 m3) que generarán unas 20.800 toneladas de CO2. A esto hay que sumar las emisiones derivadas de los previsibles atascos durante al menos dos años de obras.
Las cifras son contundentes: a 20 kg de CO2 por árbol al año, harían falta más de un millón de árboles absorbiendo CO2 durante un año, o más de 20.000 durante medio siglo, para compensar únicamente la huella de la construcción. Mientras tanto, el propio Ayuntamiento ha argumentado en numerosas ocasiones la imposibilidad de plantar árboles en otros espacios urbanos por falta de profundidad del suelo. Sin embargo, en este proyecto sí se prevé la plantación de especies de gran porte sobre la losa (según plano 1.2.4.2), algunas capaces de alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. La incoherencia es evidente.
La distribución de usos tampoco parece responder a criterios sociales. De los más de 16.000 m² de superficie, apenas un 1,8%, más o menos 300 m2 se destina a zonas infantiles, prácticamente lo mismo que a quioscos. La prioridad parece clara.
A esto se suma un diseño del mobiliario urbano que, según las infografías, favorece los bancos lineales y poco accesibles en lugar de espacios de encuentro. Se proyecta un parque, pero no necesariamente un lugar de convivencia. La normativa propone un banco por cada cinco, pero eso no quiere decir que se puedan poner muchos más y agrupados.
En materia de accesibilidad, el proyecto presenta otro de sus puntos débiles. Aunque se incluyen itinerarios accesibles, no se contempla una experiencia verdaderamente autónoma para todas las personas. No basta con poder entrar: hay que poder usar el espacio con independencia y dignidad. Se proyectan fuentes de agua potable accesibles (duales), pero se presupuestan modelos no muy accesibles (m23U16IF150).
La iluminación de las pasarelas, situada en canaletas laterales en el suelo, dada su inclinación, puede suponer diferencias bruscas de niveles de iluminación, así como producir deslumbramientos con la iluminación de altura del resto de la losa, así como las luces de fondo.
Si bien en el proyecto figura señalética informativa en áreas de juego, no figuran en el proyecto planos o mapas de orientación e información tanto de la situación de los elementos de juego en las zonas infantiles, como generales de las diferentes zonas de uso y contenido de la losa. Sería conveniente un mapa en cada una de las entradas, así como algunos más distribuidos por puntos estratégicos de la losa.
Especialmente preocupante es el presupuesto asignado a “accesibilidad” (A-30), que supera los 18 millones de euros, casi el 20% del total. Todo apunta a que bajo este concepto se están incluyendo elementos de acceso, como pasarelas, cuya construcción responde más a necesidades estructurales que a criterios de inclusión.
A ello se suma una carencia básica, la ausencia de servicios públicos accesibles, imprescindibles para garantizar el uso real del espacio por parte de toda la población, especialmente personas mayores o con necesidades específicas.
La experiencia es clara: lo que no se diseña desde el inicio como accesible e inclusivo, rara vez se corrige después. Por eso éste no debería ser un proyecto cerrado. Aún se está a tiempo de abrir procesos de participación reales, incorporar mejoras y evitar que esta intervención se convierta en otra oportunidad perdida bajo una capa de hormigón.