¿Iguales ante la ley?

ROBERTO BLANCO / ÁFRICA MARTÍNEZ. Marzo 2017.

Preguntamos a nuestros vecinos sobre la Justicia española, al hilo de los últimos juicios por corrupción

Cuando una parte considerable del espacio dedicado a la actualidad nacional en los telediarios está dedicado a la información judicial, fundamentalmente en casos y tramas de corrupción, se pueden sacar muchas conclusiones sobre la marcha del país, la mayoría negativas. Recientemente, además, ha cundido el debate a pie de calle acerca de las últimas sentencias en algunos de estos juicios, escuchándose no pocas opiniones que ponen en duda la presunta igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la ley, que establece la Constitución. Hemos querido conocer la opinión de nuestros vecinos al respecto, y para ello les hemos preguntado directamente si piensan que es cierto que somos iguales, o por el contrario opinan que existe una Justicia “para pobres” y otra “para ricos”, y les hemos pedido ejemplos.

David Martín no cree que sea real esa supuesta igualdad: “Cuando ves cómo se desnivela la balanza a la hora de aplicar sentencias entre ‘ricos’ y ‘pobres’ en los casos más mediáticos, se observa una mayor desprotección entre los últimos. Mientras que la ‘ley’ se aplica con todo rigor a los pobres, en los ricos vemos cómo se articulan mecanismos de ‘dispersión’ apoyados en trabas burocráticas y lagunas legales, que hacen que los procesos sean interminables y cuyos costes solo puedan ser asumidos por los ‘ricos’. Además, cada vez se observan más injerencias externas del poder ejecutivo al poder judicial, haciendo que la independencia del mismo sea inexistente, y nuevamente produciéndose, sobre todo, en los casos que afectan a los ‘ricos’, como por ejemplo los escándalos de corrupción que estamos viviendo en los últimos años”. David cita como ejemplos de lo que afirma el caso “Urdangarín-Noos-Infanta Cristina” y “la destitución o sustitución de fiscales”, así como “las declaraciones realizadas recientemente por el ministro de Justicia y otros cargos políticos declarándose abiertamente parcial a la hora de tomar ciertas decisiones o hacer declaraciones, marcando pautas a seguir para los funcionarios de Justicia a la hora de llevar adelante determinados procesos judiciales”.
Quien tiene más recursos puede pagarse los mejores bufetes de abogados

Amparo Schmidlin también opina que “No somos iguales ante la ley: obviamente, los que tienen menos recursos económicos están más indefensos. Los que son afortunados y tienen más recursos pueden contratar un buen bufete de abogados”. “Estamos viendo todos los días en las noticias —continúa— cómo los políticos, empresarios o personas adineradas no van a la cárcel, aun teniendo sentencias condenatorias”. Como ejemplos de esto cita a “Rato, Blesa, Urdangarin, Cristina de Borbón… y otros como el muchacho que con 18 años estafó 78€ con una tarjeta de crédito falsificada, más por ignorancia probablemente. Ahora, con 26 años, trabajo y una familia, ha ido a la cárcel. Incomprensible”.

Gerardo López coincide igualmente en que “no somos iguales ante la ley, en el sentido de que quien tiene más recursos puede pagarse los mejores bufetes de abogados, y consecuentemente una mejor defensa y la sentencia más favorable posible. Además, con banqueros y políticos, los casos tardan tanto en juzgarse que muchas veces prescriben. Los delitos económicos de mucha cuantía son a menudo muy complejos de ser juzgados, como por ejemplo la evasión fiscal. El juez tiene que obtener información hasta de otros países o entidades extranjeras que no hacen caso a los requerimientos, y no pueden, no tienen medios ni información suficiente para poder abarcar toda la profundidad de esos casos”. Como ejemplo, señala: “el caso de la Infanta Cristina o el de Rato responden a lo de tener los mejores abogados, el caso de Ignacio González y su ático demuestran lo difícil que es conseguir información desde el extranjero. Aun así, el caso de Rato está saliendo adelante porque la ciudadanía organizada consiguió sentarle en el banquillo por varias causas y está vigilante para que se haga justicia”.

Por último, Susana Méndez difiere ligeramente: “No somos iguales ante la ley, unos tienen mejores oportunidades que otros por razones económicas, pero la Justicia trata por igual a todos en definitiva. Si la has hecho, la pagas, seas quien seas; y si eres inocente al final no irás a la cárcel”, opina. Como ejemplo, apunta que “Estamos viendo estos días cómo se está juzgando a políticos y gente de la alta sociedad como la Infanta y su marido, cosa que demuestra que la Justicia está avanzando y el Estado de Derecho es igual para todos”.

Para concluir, les preguntamos si piensan que el funcionamiento de la Justicia en nuestro país necesita cambios. David considera que sí, y los enumera: “Automatización y digitalización de la Administración de Justicia y de los juzgados, para mejorar la rapidez de los procesos. También la revisión del Código Penal y de la imposición de penas. Exagerando, pero para aclarar dónde quiero llegar, puede ser que por robar un bolígrafo en unos grandes almacenes te metan una pena mayor que por dar un puñetazo a alguien. Y por último, garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial, creando mecanismos y órganos auditores que garanticen esta libertad”. Amparo, por su parte, considera que “La justicia va mal, lenta, injusta, sin medios, politizada... Necesita más medios, más dinero, y ser más ágil. Desde luego, que no sean los políticos los que metan mano en las elecciones judiciales y fiscalía”. Gerardo: “Dotar de muchos más medios a los jueces y en general a la Justicia, económicos y de personal especializado. La fiscalía y algunos otros órganos están politizados porque son elegidos por los políticos; yo soy partidario de la elección directa por parte de los ciudadanos en algunos casos, y en otros por parte de los miembros del mundo de la Justicia”. Por último, Susana sostiene que “debería ser más rápida y haber más mano dura con la inseguridad. Muchos delitos se quedan sin castigo, cada día hay más robos y atracos a cualquier hora y lugar, y detienen a delincuentes que luego sueltan”.

 
Para la elaboración de este reportaje hemos contado con las opiniones de:
David Martín, 45 años, analista;
Amparo Schmidlin, 51 años, empresaria;
Gerardo López, 37 años, monitor deportivo;
Susana Méndez, 44 años, empresaria.

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