• martes , 19 noviembre 2019

El fondo de la Botella

ROBERTO BLANCO TOMÁS. Enero 2019.

Justo me disponía a escribir para esta sección el típico artículo resumiendo el año cuando una noticia me impactó con la fuerza de un botellazo (imagino que captan la nada fina ironía): la ex–alcaldesa de Madrid Ana Botella y miembros de su equipo, condenados a pagar 25 millones de euros por la venta de pisos públicos a fondos buitre. Hay que decir que, como la noticia salió el 28 de diciembre, todos pensamos que era una inocentada (con “todos” me refiero a todas las personas de mi entorno con las que comenté la cuestión), tal es la confianza que en este país nos han hecho tener en la Justicia. Por supuesto, una vez confirmada su certeza, ya no había otro artículo posible: y es que si esto no es el “tema del mes”, que venga Pulitzer y lo vea.

Recordaré brevemente los datos: en 2013, durante el mandato de Ana Botella, el Ayuntamiento de Madrid vendía al fondo Blackstone – Magic Real Estate, a través de la empresa Fidere y por 128,5 millones de euros, 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros. Un precio inferior a su valor contable (159,4 millones) y al valor total de las viviendas con sus plazas de garaje y locales. Pero lo irregular no fue solo eso, sino todo: el fondo Blackstone tuvo información privilegiada, la operación se hizo sin publicidad evitando que hubiera más ofertas, no hubo una tasación fiable de los inmuebles vendidos, se vulneró el principio de libre concurrencia con la venta en lotes (por ejemplo, muchos inquilinos de las viviendas tenían opción de compra y de esta forma se les impidió ejercerla)… En fin, se vulneró todo lo vulnerable con el objetivo claro de beneficiar al fondo buitre; una vergüenza.

Es por ello que la sentencia no me parece un mal principio, pues espero que sea eso: solo el principio. Ya de entrada, el actual equipo municipal, que es quien en su momento puso la denuncia que ha tenido como resultado esta condena, ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, pues estima en bastante más de los 25,7 millones exigidos el perjuicio a las arcas municipales: concretamente en 127 millones de euros. Los condenados también piensan recurrir, claro está: es lo que tiene no tener vergüenza. Pero dejando todo esto a un lado, a mí lo que realmente me preocupa y no se me olvida es ver qué pasa con los afectados, pues esta operación ha tenido víctimas. Son más de 1.800 familias a las que, como decía una de las afectadas, les han “hipotecado la vida”. Familias beneficiarias de vivienda pública (por lo tanto nada “pudientes”) que, de la noche a la mañana, han visto las condiciones de sus alquileres cambiar por completo, por supuesto a peor (subidas radicales de las mensualidades, contratos que reducen su duración y/o que no se renuevan, opciones de compra que desaparecen…), y que en un montón de casos no han podido soportar estas nuevas condiciones y han terminado en desahucio. Está muy bien que los culpables paguen, pero la operación ha dibujado un nuevo panorama siniestro, y esta situación también debería ser revertida a su estado original. Si no, esto ni es justicia ni es nada. Y aparte, el Ayuntamiento no ha sido el único que ha vendido vivienda pública: ¿qué pasa con la Comunidad de Madrid y su IVIMA?

Permítanme también una pequeña reflexión final: el hecho de que las Administraciones local y regional vendieran vivienda pública a un fondo buitre siempre me pareció una vergüenza nacional tan grande (y llamativa en gente que va de “patriota” por la vida), que nunca pude dejar de sonrojarme al imaginar qué pensaría un ciudadano de cualquier otro país civilizado, de ésos con los que se supone que nos codeamos, al enterarse de estas historias. El único referente similar en la forma (aunque sea un fenómeno muy distinto) que se me ocurre habría que buscarlo en algunos casos relacionados con alguna de las mafias que prosperan en Italia (de hecho, el Botellazo podría perfectamente aparecer en el colosal Gomorra, de Roberto Saviano, libro dedicado a ilustrar sobre las prácticas de la Camorra napolitana). Y es que si allí tienen a las mafias, aquí tenemos el “cotarro”: la concepción de lo público como “algo que me toca como premio cuando gano unas elecciones, para repartirlo entre mis colegas y familiares”. ¿Conseguiremos cambiar esto algún día? Ojalá, pero no nos servirá con una reforma o un parche: esto está tan arraigado que solo se quita cambiándolo todo de abajo arriba.

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