La FAPA denuncia el protocolo COVID en centros educativos de la Comunidad
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos denunciamos la descoordinación de las consejerías de Sanidad y Familia y de Educación y Juventud en la protección de nuestros hijos escolarizados en la Comunidad de Madrid. Las familias decimos basta ante el desprecio al derecho a la salud y a la educación de nuestros menores.
Tras las primeras tres semanas del curso 2020-2021, y después del esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa para adecuarse a las recomendaciones vigentes, en lugar de ver cómo se estabiliza la situación relativa a la seguridad y las medidas para la prevención de la COVID-19 en los entornos escolares, no encontramos más que irresponsabilidad de las consejerías que deben velar por el acceso de nuestros hijos a una educación de calidad y que garantice su seguridad.
'¿Les importan realmente nuestros hijos e hijas?
Cuesta creerlo'
Estamos siendo testigos de cómo, ante la aparición de casos en el alumnado, los protocolos establecidos, así como las medidas a adoptar en los contactos del aula, llegan a una vía muerta en el momento en que la figura del coordinador COVID del centro debe contactar con la Subdirección General de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, por medio del teléfono y correo electrónico habilitados para tal fin, de uso exclusivo para coordinadores COVID. La Subdirección General no está contestando, por mucho que se empeñen los coordinadores COVID en contactar. Esto acredita que el equipo encargado de atender los contactos de los centros escolares no está adecuadamente dimensionado, siendo ésta una responsabilidad directa de la Consejería de Sanidad y Familia, que ha recibido por la Comunidad fondos para tal fin. La consecuencia es que se está trasladando una responsabilidad sanitaria a los equipos directivos de los centros, que se ven obligados, en la mayoría de las ocasiones, a obviar el protocolo y, bajo su responsabilidad, solicitar a las familias que no acuda el alumnado del GCE del contacto confirmado al centro escolar en los días establecidos de cuarentena. No se puede responsabilizar a los coordinadores COVID y a los equipos directivos de esta decisión, pues significaría pretender que tampoco hagan nada y ante la indefinición ignoren la necesidad de adoptar medidas de contención, poniendo en peligro al alumnado y al conjunto de trabajadores del centro.
El 25 de septiembre, como si no fuese bastante, emiten un nuevo protocolo en el que bajo la premisa de “En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica salvo que desarrollen síntomas”, eliminan, por una parte, la posibilidad de realizar el estudio de contactos estrechos que establece el protocolo ministerial, y por otra, la posibilidad de baja laboral por contacto a los familiares de los menores positivos asintomáticos, sin proporcionar mayor información sobre los criterios considerados para tomar tales decisiones. Para un correcto control de la pandemia, los criterios científico-técnicos recomiendan, como estrategia, realizar test diagnósticos, rastreo de contactos y aislamiento de los casos confirmados de manera simultánea y coordinada.
Importante también mencionar que, desde el primer protocolo de actuación para centros educativos, se ha obviado una de las características principales de la COVID-19: la alta tasa de individuos asintomáticos que presenta esta patología. Índice más elevado, si cabe, entre la población infantil y juvenil. Por ello, no podemos más que esperar un nuevo fracaso sanitario de la estrategia que se está llevando a cabo por parte de la Comunidad de Madrid.
Han podido ver cómo la comunidad educativa ha hecho enormes esfuerzos para tener un inicio de curso escolar seguro: se han modificado nuestras formas de relación y organización habituales, se han adaptado nuestras aulas, patios y casas. Y no hemos visto en cuatro semanas ningún avance en la parte de la colaboración entre las dos consejerías, ni de ellas con los centros escolares; solo vemos su falta de respuesta y el aumento de cuarentenas en las aulas.
Volvemos a ser testigos de unas estrategias que reiteran la vulneración de derechos fundamentales de la infancia. Cuarentenas preventivas en nuestros niños y niñas, a los que se les priva de tener acceso a las herramientas diagnósticas necesarias para poder garantizar su derecho a la salud, a la educación, al juego y un largo etcétera. Estrategias diferentes a las seguidas con los adultos, especialmente con aquellos en edad laboral, que no hacen sino remarcar que desde la Comunidad nuestros hijos no son considerados individuos de pleno derecho, sino ciudadanos de segunda.
¿Les importan realmente nuestros hijos e hijas, el profesorado, el resto de personal de los centros educativos, y sus familias? Cuesta creerlo.