La FRAVM, sobre el decreto de vivienda






FRAVM. Enero 2019.





‘Las medidas sobre el alquiler y los pisos turísticos son insuficientes’





En Madrid, Barcelona y
las grandes y medianas ciudades del país asistimos a una acusada agravación del
sempiterno problema de la vivienda: suben los precios de compra, se disparan
las rentas de alquiler, miles de pisos son sustraídos a los usos residenciales
para transformarlos en viviendas turísticas… Todo ello está generando graves
situaciones sociales como la imposibilidad de que los y las jóvenes puedan
emanciparse, que las familias de ingresos bajos y medios se vean expulsadas de
los barrios céntricos, que el número de desahucios por impago del alquiler
crezca exponencialmente, que miles de edificios residenciales se conviertan
progresivamente en hoteles, que en el interior de las comunidades vecinales en
que proliferan las Viviendas de Uso Turístico (VUT) la vida cotidiana sea un
infierno para los vecinos…





Las medidas acordadas por
el Gobierno debían atacar las causas de estas situaciones. Sin embargo, según
la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa
a 280 entidades, se quedan cortas, a medio camino. Por ello, las ha recibido
con una gran decepción, tanto más cuanto que se habían anunciado determinadas
medidas que finalmente no aparecen en el texto aprobado.





La nueva norma alarga la
duración mínima de los contratos, de 3 a 5 años (a 7 años si el arrendador es
una persona jurídica), y prolonga la prórroga tácita de 1 a 3 años. Asimismo,
limita las garantías adicionales a la fianza a un máximo de dos meses. Son
medidas positivas, pero falta la principal: habilitar a los ayuntamientos para
controlar los alquileres máximos en aquellos municipios que hayan sufrido un
alza importante en los últimos tiempos.





Ha de ser prioritario
constituir un gran parque público de viviendas sociales en alquiler. España es
un país con un parque en alquiler muy reducido. En primer lugar, porque la
oferta de arrendamientos accesibles a las familias de ingresos medios y bajos
es muy baja. Apenas se promueve un puñado de viviendas protegidas en alquiler.
Ese déficit no se superará mientras las Administraciones no formen
significativos parques propios para arrendar. El real decreto-ley no ataca esta
cuestión. En su lugar se enuncian de manera genérica algunas medidas para
promover la oferta de alquiler. Su falta de concreción significa que estamos
más ante promesas que ante compromisos.





Es positivo, no obstante,
que por fin se regule la posibilidad de que los ayuntamientos recarguen hasta
en un 50% el IBI de las viviendas vacías. Cabe esperar que éstos, más temprano
que tarde, se acojan a tal competencia y aprueben las preceptivas ordenanzas
fiscales.





Las
VUT





Sobre la regulación de
las VUT, el texto únicamente recoge dos medidas: se faculta a las comunidades
de propietarios para limitar o prohibir su instalación en edificios
residenciales y para incrementar hasta un 20% las cuotas de las y los
propietarios de pisos turísticos. En ambos casos se ha de alcanzar una mayoría
de votos del 60%, no vale con la mayoría simple del 50%. La tibieza de ambas
medidas salta a la vista: no sirven para combatir la proliferación de las VUT y
sus impactos enormemente negativos sobre las rentas de alquiler y sobre la
convivencia en el seno de las comunidades.





Las asociaciones
vecinales hemos propuesto en reiteradas ocasiones que para aprobar la
instalación de una VUT se requiera el voto unánime de los propietarios o, al
menos, el voto favorable del 75%. Es decir, hemos exigido un voto cualificado a
favor. Pues bien, el RDL lo que hace es regular el voto cualificado en contra:
la minoría puede imponer su voluntad a la mayoría. Asimismo, defendemos que los
propietarios de las VUT asuman todo el incremento del gasto que originan en las
comunidades: es muy injusto que los vecinos que sufren las molestias de los
pisos turísticos tengan que afrontar el mayor gasto que suponen, mientras que
los propietarios se llevan los beneficios.





Por otra parte, las dos
medidas no tendrán efectos retroactivos. Ello supone que las miles de VUT
existentes hoy no se verán afectadas. Recordemos que en Madrid la gran mayoría
de ellas incumplen la normativa vigente, por lo que exigimos, una vez más, a la
Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que apliquen la ley, tomen las medidas
necesarias y procedan a su cierre.



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