Orange siguió cobrándole durante 8 meses tras cambiar a otra compañía

Elena C.J., residente en Villarrobledo (Albacete) y cliente de Orange, decidió a principios de 2019 cambiar su línea de móvil, el fijo, la fibra y la televisión a otra teleco. Meses más tarde, en octubre del mismo año, descubrió que Orange le había seguido cobrando por dichos servicios todos los meses, aunque en ningún momento le había llegado ningún recibo que correspondiera a dichos cargos.

La afectada, a la que ya habían cobrado 266,04 euros, decidió devolver los tres últimos cargos, por valor de otros 199,53 euros, y se dirigió a Orange para exigir una explicación y solicitar el reembolso del dinero. El Departamento de Atención al Cliente de la compañía se limitó a indicarle que no podían ayudarle y le instaron a dirigirse al Departamento de Facturación. Este departamento, sin embargo, nunca atendió las solicitudes de la usuaria, e incluso llegaron a mantenerla más de 50 minutos en espera sin que le respondiera ningún agente de Orange.

Ante esta situación, Elena acudió a FACUA para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a Orange instándole a que reembolsara a la usuaria los 266 euros que le había cobrado desde abril a julio de 2019, y que anulara las facturas de agosto, septiembre y octubre, cuyo importe total ascendía a 199 euros.

En el escrito, FACUA indicaba que la usuaria había dejado de ser cliente de Orange, por lo que dichos cobros eran del todo improcedentes. Así, el artículo 62 del RD 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, especifica que “el consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma que lo celebró”.

Por su parte, el artículo 7 del RD 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, indica que “el operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se haya podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en que debió surtir efectos la baja” de un contrato. Además, el artículo 1.256 del Código Civil recoge que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

Finalmente, Orange ha comunicado que ha procedido a anular “las facturas que constaban pendientes de pago por importe de 199,53 euros” y que ha realizado “un abono de 266,04 euros (impuestos incluidos), correspondiente los cargos facturados”, que Elena ya ha recibido.


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