• miércoles , 20 noviembre 2019

A vueltas con la ‘Mordaza’

JULIO 2015 DSALAMANCA (1)-7

A vueltas con la ‘Mordaza’

Preguntamos a cuatro abogados del Distrito sobre la polémica Ley de Seguridad Ciudadana que acaba de entrar en vigor

ROBERTO BLANCO TOMÁS/ AFRICA MARTÍNEZ

Este mes ha entrado en vigor la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que ha cosechado no poco rechazo entre los movimientos sociales, partidos de la oposición, profesionales del derecho y ciudadanía en general. Sobre este asunto hemos querido conocer la opinión de varios abogados del Distrito.
Comenzamos preguntando qué opinión les merece la referida ley. Casimiro Herráiz opina que “la denominación ‘de Seguridad Ciudadana’ es totalmente inadecuada e inexacta: más bien pretende la ‘seguridad’ de unos políticos alejados de la realidad que se vive a pie de calle, y por ello la denominación popular Ley Mordaza me parece mucho más ajustada. Esta ley solo pretende silenciar las voces de los ciudadanos desde un punto de vista autoritario y paternalista, se trata de ‘proteger a los ciudadanos de sí mismos’, y creo que en el Estado español ya hemos superado esa fase. ¿Acaso son menos ciudadanos aquellos que ejercen un derecho constitucional como es el de reunión?”. María García, por su parte, sostiene: “esta ley no puede tener cabida en Europa. Se trata de una ley que ha sido rechazada por el resto de partidos. Una ley que criminaliza prácticas tan normalizadas como parar un desahucio, asistir a una persona sin papeles, y castiga la pobreza, la solidaridad y la protesta. Lo disfrazan como una ley que se hace en nombre de la ciudadanía, pero en realidad es una respuesta a cualquier iniciativa social, ya que lo ven como una amenaza a sus privilegios, porque la democracia les despierta miedo”. Álvaro Herrera: “restringe los derechos y libertades de las personas. Sustrae a los jueces sus facultades de supervisión dando más poder a la Policía, lo que puede provocar abusos policiales. Existen grandes probabilidades que sea declarada inconstitucional”. Finalmente, Pedro Araque contesta: “está siendo polémica desde mucho antes de su publicación, han sido recurridos varios de sus preceptos ante el Tribunal Constitucional. Puede interpretarse como una ley publicada con el pretexto de dotar de una mayor seguridad a nuestra sociedad, que puede estar vulnerando los derechos fundamentales de información y expresión, y mermando el control judicial de determinadas actuaciones de nuestros cuerpos de seguridad”.

Preguntamos si consideran justificado que se sancione toda una lista de acciones de protesta y movilización ciudadana y la elevada cuantía de dichas sanciones. Casimiro: “En absoluto, me parece una auténtica aberración, y más grave me parece que se pretenda vender como algo bueno y necesario para los ciudadanos. El derecho ya daba respuesta a aquellos hechos y situaciones que se consideraban graves, y actualmente existen mecanismos y procedimientos adecuados, con sus correspondientes garantías procesales, para la depuración de responsabilidades dentro del marco constitucional que tanto defienden los mismos que han aprobado esta disparatada ley”. María: “No es justificado para nada. Los bancos antes tenían barra libre para desahuciar en los juzgados y ahora la van a tener en la calle. Supone crear un Estado policial. Ahora serán las fuerzas de seguridad del Estado las que tendrán capacidad de imponer sanciones administrativas, que antes quedaban en manos de los jueces”. Álvaro: “parece que se tiene miedo a que los ciudadanos se expresen, y se utiliza una ley tan restrictiva para coartar sus libertades. Uno de los temas más preocupantes es que la sanción es en vía administrativa: los recursos sobre esas sanciones los contesta la propia Administración, que defiende sus actuaciones y que tiene como uno de sus objetivos el recaudar. Para llegar al juez de lo Administrativo hay que avalar la sanción o abonarla antes que se produzca el juicio, con lo que, si no tiene dinero, el sancionado no va a poder acceder a defender sus derechos”. Pedro: “El punto más polémico está en que para este tipo de comportamientos no existirá un control judicial previo, en el que el denunciado pueda defenderse. La mayor limitación se encuentra en la eliminación del derecho a una tutela judicial, adquiriendo la Administración potestades de órgano acusador y juzgador, que impondrá según su criterio sanciones, que si bien en un momento posterior podrían ser recurridas, para ello nos obligaría al previo pago de la misma”.

Finalmente inquirimos sobre los recortes de las libertades de expresión e información. Para Casimiro, “la propia Constitución establece los límites a la libertad de expresión e información en el respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y ya existe un procedimiento judicial de defensa de estos derechos”. María piensa que “con esta medida, el Gobierno ataca a la libertad de expresión y de manifestación, que son dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Supone también un ataque a la libertad de prensa, ya que se priva de informar sobre lo que está sucediendo. Convierte a los profesionales de la prensa en criminales, y ni los casos de corrupción están castigados de esta manera”. Para Álvaro, “es injustificable para un país democrático limitar la libertad de expresión e información. Se ha aprobado la Ley del Miedo: miedo a que los ciudadanos se movilicen y se expresen libremente. Un Gobierno debería estar al servicio de los ciudadanos, servirles y protegerles; estamos en el mundo al revés: los ciudadanos estamos al servicio del Gobierno para servirles, abonar lo que ellos se han gastado, y si alguien protesta, para eso está el BOE: para cambiar las leyes y sancionarles o meterles en la cárcel legalmente. Legalidad y justicia, muchas veces, no son lo mismo ni van de la mano”. Finalmente, Pedro concluye que “la incertidumbre que nos encontramos en esta ley respecto a la libertad de expresión se encuentra en que, de forma voluntaria, el legislador ha utilizado en su articulado numerosos conceptos indeterminados que, interpretados de forma arbitraria e injustificada, podrían provocar que nuestros cuerpos de seguridad se vieran con potestad de actuar cercenando gravemente los derechos de expresión e información”.


Para hacer este reportaje hemos contado con las opiniones de:

Casimiro Herráiz, 37 años, abogado; María García, 40 años, abogada; Álvaro Herrera, 41 años, abogado; Pedro Araque, 41 años, abogado.

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