Un 72,2% de las familias madrileñas no pueden acceder a guarderías públicas



AIS GROUP/REDACCIÓN. Junio 2017.

En el Distrito Salamanca, al haber solo un centro público el porcentaje sube hasta un 78,6%.

Un total de 14.088 familias de Madrid tienen una demanda potencial de guarderías públicas, según un estudio realizado por la consultora AIS Group. De ellas, un 72,2% no estarían cubiertas por ninguno de los 56 centros educativos infantiles municipales actuales.

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta a las familias con niños de entre 0 y 2 años y unos ingresos mensuales inferiores a los 2.400 euros al mes, utilizando las tipologías de familias que proporciona Habits Municipios, una herramienta de AIS Group que contempla más de 1.300 indicadores sociodemográficos y económicos.

El estudio ha considerado que las familias candidatas representan aproximadamente un 80% de las familias con ingresos entre 2.100€ y 2.400€ mensuales, y un 30% de las familias con una renta mensual inferior a los 2.100€/mes. Se ha considerado así al entender que las familias con menores ingresos, en muchos casos, solo disponen de un salario y, por lo tanto, un progenitor está en casa y no requiere de un servicio de guardería, y porque, en otros casos, cuentan con ayuda familiar para el cuidado de los menores. Siempre teniendo en cuenta que la guardería no es una fase de escolarización obligatoria.

En el Distrito Salamanca, los datos de este estudio contabilizan 201 familias candidatas para la única guardería pública existente, que no estaría cubriendo al 78,6% de las mismas.

Análisis oferta-demanda

Según Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group, con los periodos de preinscripción escolar, cada año surge el debate social de si hay suficientes centros, especialmente públicos para poder atender al volumen de población que más lo precisa. Y esto se da más, si cabe, en los centros de educación infantil (guarderías), puesto que es una etapa de educación no obligatoria, pero a menudo necesaria para la logística de las familias, que no siempre pueden disponer de una figura que se encargue del cuidado de los más pequeños.

“Es importante que los ayuntamientos y demás Administraciones responsables de los equipamientos públicos vinculados a la educación puedan conocer si efectivamente están atendiendo las necesidades reales de sus ciudadanos o no”, comenta Amorós.

 

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